La Justicia de Brasil avanza en una compleja investigación que tiene en el centro de la escena a Soledad Palameta Miller, una reconocida investigadora argentina de 36 años acusada de sustraer material biológico sensible. Según los reportes de la Agencia Noticias Argentinas, la científica habría ingresado sin la debida autorización a un área restringida del Instituto de Biología de la Unicamp, en el estado de San Pablo, retirando muestras virales cuyo manejo está estrictamente regulado.
Palameta Miller, nacida en Rosario y doctora en Ciencias con una destacada trayectoria en biotecnología, desarrolló gran parte de su carrera en el país vecino participando en proyectos de alta relevancia, como el desarrollo de vacunas y terapias contra el cáncer. Sin embargo, su prestigio profesional se vio severamente empañado en febrero pasado, cuando se detectó el faltante de material viral en el laboratorio. Tras un allanamiento realizado por agentes federales en el campus universitario, las muestras fueron halladas en congeladores que se encontraban bajo el control directo de la investigadora.
A raíz de este hallazgo, las autoridades brasileñas le prohibieron el acceso a las instalaciones científicas mientras se desarrolla el proceso judicial. Aunque la científica fue detenida inicialmente, actualmente permanece en libertad provisional bajo estrictas medidas cautelares. La acusación no solo hace hincapié en la sustracción del material sin aval administrativo, sino también en el potencial riesgo para la salud pública que implicó el traslado y almacenamiento irregular de dichos agentes biológicos, cuya naturaleza exacta aún no ha sido precisada por los investigadores.
El expediente también pone bajo la lupa a su esposo, Michael Edward Miller, un veterinario de origen estadounidense con quien la científica fundó una empresa de soluciones biotecnológicas. La Justicia intenta determinar si existe una vinculación entre el robo del material y la actividad privada de la pareja. Este caso ha encendido alarmas en la comunidad científica internacional, exponiendo la vulnerabilidad de los protocolos de seguridad en centros de investigación de alta complejidad y abriendo un debate sobre la fiscalización de activos biológicos potencialmente peligrosos.