El Juzgado de Control en lo Penal Económico de la ciudad de Córdoba, a cargo del magistrado Gustavo Hidalgo, confirmó el requerimiento de citación a juicio para diez personas acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada a la venta de viviendas prefabricadas. Los imputados están señalados por cometer estafas reiteradas a través de empresas que operaban bajo distintos nombres comerciales.
Una organización con roles definidos
La investigación, impulsada por la Fiscalía de Instrucción Subrogante, sostiene que la banda operaba bajo las firmas Next House SAS, Forte Desarrollista e Innova Desarrollista. La estructura contaba con una jerarquía clara:
Un jefe: Encargado de liderar y negociar directamente con los damnificados.
Un organizador: Responsable de coordinar las tareas y gestionar las excusas ante los reclamos.
Colaboradores: Vendedores, prestanombres y encargados de maniobras específicas para sostener el engaño.
El “modus operandi”: Renders falsos y promesas incumplidas
Según el auto de elevación a juicio, la organización captaba a sus clientes mediante publicidad engañosa en redes sociales y páginas web. Utilizaban imágenes digitales (renders) irreales y fotografías de obras ajenas para prometer construcciones en seco con plazos de entrega reducidos.
Una vez que las víctimas firmaban los contratos ficticios y realizaban los pagos, la empresa incumplía sistemáticamente. Lejos de dar soluciones, los imputados utilizaban excusas para exigir pagos adicionales y firmas de adendas que profundizaban el perjuicio económico de los clientes.
Más de 30 víctimas y prisión preventiva confirmada
El juez Hidalgo no solo rechazó la oposición de las defensas, sino que también denegó el cese de la prisión preventiva para quien es señalado como el líder de la banda. El magistrado advirtió riesgos procesales, como peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación, debido a la gravedad de los hechos y la escala penal prevista.
Los damnificados son más de 30 personas de Córdoba y otras provincias, quienes entregaron sumas millonarias, vehículos y otros bienes con la ilusión de la casa propia. La prueba documental, que incluye mensajes de texto y testimonios de ex empleados, fue clave para alcanzar el grado de probabilidad necesario para llevar el caso a debate oral.
Los Imputados son Sebastián Laforte, Alan Emmanuel Cano, Jorge Alejandro Flores, César Ezequiel Juárez, Matías David Pérez Ludueña, Claudio Héctor Bardus, Matías Sánchez, Noelia Alejandra Flores, María Ximena Alderete y Carlos Marcelo Scrofani.