La Justicia de Villa María dictó una condena de un año de prisión de cumplimiento condicional para Orlando Gauna (18), luego de que fuera encontrado culpable de dar muerte a un cachorro de puma (felis concolor) en la localidad de La Playosa. La sentencia fue resuelta a través de un juicio abreviado inicial.
La jueza de Control, María Soledad Dottori, dictó la resolución el pasado lunes 13 de octubre, a menos de 20 días de iniciado el proceso judicial, demostrando una rápida actuación de la justicia.
Además de la pena de prisión condicional, la magistrada impuso al joven severas obligaciones bajo el Art. 27 bis del Código Penal; Finalizar sus estudios secundarios y capacitarse obligatoriamente en materia ambiental y fauna silvestre. A tal efecto, la jueza sugirió que el condenado recurra a egresados de la Licenciatura en Veterinaria o la Licenciatura en Ambiente y Energías Renovables de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM).
La resolución judicial también dispuso el decomiso del garrote utilizado para agredir al animal y del teléfono celular empleado para filmar los videos que mostraban el cruel ataque.
La investigación se inició el 22 de septiembre de 2025 en la Fiscalía de Competencia Múltiple n.° 1 de Villa María, a raíz de la difusión de imágenes en redes sociales que exponían el ataque al felino.
Tras la denuncia, se realizó un procedimiento en un establecimiento rural cerca de La Playosa. Allí, se secuestró el arma utilizada (el garrote) y el cuerpo sin vida del puma. En ese momento, se detuvo al joven por infracción a la Ley Nacional 22.421 de Protección y Conservación de la Fauna Silvestre.
Durante su declaración indagatoria, el imputado reconoció su participación en los hechos. Dado que la defensa y el Ministerio Público Fiscal (MPF) llegaron a un acuerdo, la causa se resolvió rápidamente mediante la figura del juicio abreviado inicial.
Este fallo subraya el compromiso del Estado con la protección de la fauna silvestre, en consonancia con las leyes nacionales 22.421 y 14.346 (Actos de Crueldad Animal), y las leyes ambientales nacionales y provinciales. La investigación contó con la colaboración de la Oficina de Cuestiones Ambientales y Derecho Animal.