La investigación contra el exasesor letrado Ginés Martín Jodar, detenido desde diciembre de 2023 por filmar con cámaras ocultas a empleadas y magistradas en los baños de los Tribunales de Río Segundo y Jesús María, dio un giro crucial. La calificación legal de la causa ha sido ampliada a “abuso sexual simple”, un cambio que refleja la gravedad de los hechos.
El caso, que se destapó en 2023 tras el hallazgo de una microcámara escondida en una media pegada bajo la bacha de un baño, inicialmente había imputado a Jodar por violación de domicilio y tenencia de pornografía infantil (debido al uso ocasional de los baños por menores).
Sin embargo, en julio de 2025, la Fiscalía de Instrucción modificó la carátula, incorporando el delito de abuso sexual simple, en concurso ideal con la violación de domicilio. La querella, que representa a 30 de las víctimas, sostiene que los hechos deberían calificarse como “abuso sexual gravemente ultrajante reiterado”, basándose en un precedente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) que establece que no se requiere contacto físico para que se configure un abuso sexual.
“Las conductas atribuidas al acusado tipifican abuso sexual gravemente ultrajante reiterado. Esa es la calificación que vamos a sostener en juicio”, afirmó la abogada de las víctimas.
La causa judicial, a cargo de la Fiscalía de Cibercrimen, ha reunido un cúmulo de evidencia impactante. Tras el allanamiento de los dispositivos de Jodar, se secuestraron miles de archivos con imágenes íntimas de las usuarias de los baños, algunas de las cuales no tienen rostro pero sí planos de partes íntimas y actos de higiene.
Más allá del proceso penal, la situación ha puesto en relieve las fallas institucionales en el Poder Judicial. A pesar de que la justicia civil ha reconocido la violencia de género y ha otorgado licencias a las víctimas, la Procuración de la Provincia ha apelado estas decisiones, impidiendo que las afectadas accedan a las mismas.
“Es terrible que no hayamos podido acceder a una licencia, cuando quedó demostrada la violencia sexual y psicológica en el ámbito laboral”, expresó una de las empleadas afectadas, lamentando la falta de apoyo institucional.
El imputado, que ha asumido los hechos con respecto a las personas adultas, pero ha negado haber filmado a menores, se encuentra a la espera de que la fiscalía determine si eleva la causa a juicio.
Fuente: La Voz