El diputado nacional de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño presentó un proyecto de ley que busca reducir el desperdicio de alimentos en Argentina a través de su donación, reutilización y aprovechamiento sustentable.
Cada año se desechan en el país más de 16 millones de toneladas de comida al mismo tiempo que millones de personas sufren hambre y malnutrición.
“La paradoja es inaceptable. Somos uno de los mayores productores de alimentos del mundo, pero aún no tenemos una legislación que fomente el aprovechamiento de los excedentes”, advirtió el legislador cordobés.
El proyecto, que está basado en experiencias exitosas de países como Francia, España y Dinamarca, se propone fomentar “la responsabilidad social empresarial, la solidaridad y el desarrollo de una economía circular”.
Según Agost Carreño, se trata de una política pública que puede tener beneficios económicos indirectos al reducir el impacto ambiental y amortiguar los efectos sociales del hambre.
“Donar no puede ser más costoso que tirar. Esta ley busca revertir esa lógica”, afirmó el diputado, que remarcó la urgencia de construir una cultura de la solidaridad y la responsabilidad social en torno a los alimentos.
La iniciativa contempla incentivos fiscales para las empresas que donen sus excedentes, una plataforma nacional para articular la redistribución con organizaciones sociales y bancos de alimentos, y campañas de concientización para reducir el descarte en todos los eslabones de la cadena alimentaria.
También promueve el uso sustentable de lo que no es apto para consumo humano, como la producción de compost, biogás o alimentos para animales.
Entre los beneficios fiscales, se incluye la reducción de la alícuota del impuesto a las Ganancias y de las contribuciones patronales en un 15% para micro y pequeñas empresas, un 10% para empresas medianas y un 5% para empresas grandes.
En lo referente a la responsabilidad social empresarial, se estipula la creación de un sello distintivo para aquellas empresas “comprometidas con el aprovechamiento de alimentos”, con beneficios concretos como prioridad en contrataciones estatales o acceso a créditos con tasas preferenciales.
Se reconocerá con dicho sello a las compañías que adopten buenas prácticas, como donar de manera regular sus excedentes de comida, implementar estrategias de reducción de desperdicio en su producción, y capacitar a su personal en consumo responsable de alimentos.
“La idea no es solo evitar el desperdicio. Es impulsar una economía circular y reconocer a quienes se comprometen con una forma más responsable de producir, vender y consumir”, enfatizó Agost Carreño.
Con respecto a las campañas de concientización, las mismas estarán orientadas a sensibilizar a la población sobre el desperdicio de alimentos, promover buenas prácticas en supermercados, restaurantes y hogares, y a informar sobre consumo responsable en las escuelas.
Por último, la iniciativa prevé “medidas correctivas” en el caso de detectarse que un establecimiento destruye o desecha alimentos aptos para el consumo sin la debida justificación.
Ante faltas leves, la empresa será pasible de recibir una advertencia con asesoramiento respecto de las alternativas al descarte.
Si persistiera la falta o la misma tuviera mayor gravedad, se establece un sistema de multas con una graduación que tendrá que cuenta “la conducta, la recurrencia de ésta, la cantidad desperdiciada y demás requisitos que imponga la reglamentación” de la ley.