La jueza de feria Mariana Wallace dispuso la búsqueda de paradero de un jubilado de 79 años, denunciado por violencia familiar en perjuicio de su expareja, que se niega a concurrir al Polo Integral de la Mujer a colocarse un dispositivo dual (tobillera). Había sido intimado en reiteradas oportunidades por otras magistradas; pero nunca se presentó. Se estima que está en La Rioja.
La magistrada sostuvo que, por su edad, se encuentra dentro de la franja etaria adulto mayor y, por lo tanto, pertenece “en abstracto” a una categoría de vulnerabilidad. Sin embargo, enfatizó que, en el caso concreto, esta circunstancia no le generó “especiales dificultades” para ejercer con plenitud los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico ante el sistema de justicia.
“Muy por el contrario –agregó la jueza- viene desplegando su autonomía de la voluntad con mucho éxito ante el sistema de justicia (…) En concreto, este adulto mayor no exhibe un mínimo de elementos objetivos más que su edad para ser considerado vulnerable, menos aún para eximirse de los deberes de cualquier ciudadano: dar cumplimiento a una orden judicial”.
En su resolución, Wallace refirió que el Estado ha intervenido en la vida privada del Sr. G. y su expareja desde hace quince años por denuncias por violencia familiar. También subrayó que hubo una escalada de agresiones que requirió “el incremento de la rigurosidad de las medidas de preservación por incumplimiento del Sr. G. de las medidas previas menos gravosas”.
Asimismo, puntualizó que la orden de colocación del dispositivo dual se encuentra pendiente de cumplimiento desde mediados de diciembre a causa de cinco presentaciones judiciales realizadas por el Sr. G. con distintos abogados. Todas fueron resueltas y notificadas en el mismo día, por lo cual no se puede alegar en su defensa carencia de respuesta oportuna.
La magistrada añadió que las presentaciones del señor G. fueron mutando en su línea argumentativa: “Pasa de viajar a La Rioja por motivos laborales a estar cuasi postrado por su condición de fragilidad en materia de salud, lo cual no se acredita ni aun mínimamente”.
“No queda más que poner en palabras lo evidente: los patrocinios del señor G. carecen de comunicación entre sí o nos encontramos frente a enormes cambios en materia de memoria, salud y argumentos operados en el Sr. G en su estadía en La Rioja”, adujo Wallace.
Finalmente, la resolución oficia al Refugio de Cáritas para que brinde alojamiento al señor G. durante cinco días; ya que, actualmente, pesa sobre él una orden de exclusión de su domicilio, lapso en el cual podrá organizar un lugar de vida con mayor comodidad.