Un cirujano fue condenado por la muerte de una paciente en junio de 2022, a quien le realizó una cirugía estética en el barrio porteño de Villa General Mitre. Se trata del médico Daniel Ojeda, a quien también se le fijó una inhabilitación de 16 años para ejercer su profesión.
La condena de 8 años de prisión fue dictaminada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOCC) Nº1, sin embargo, como en marzo de este año ya había recibido otra pena, se le fijó un castigo único de 11 años de cárcel.
El 3 de junio de 2022 la víctima, Débora Campos, asistió a un departamento ubicado en la avenida Álvarez Jonte al 2000, donde el médico ofrecía servicios de cirugía estética y plástica.
La mujer pactó someterse a una MELA (mini extracción lipídica ambulatoria), un procedimiento que consiste en la remoción de tejido graso localizado en distintas partes del cuerpo como abdomen, muslos, brazos o cuello.
Para el Ministerio Público Fiscal, “Ojeda le realizó dicha práctica a la víctima sin estar habilitado para el ejercicio de la medicina y en un lugar que no cumplía con las condiciones sanitarias ni con las habilitaciones correspondientes”.
“Llevó adelante la intervención quirúrgica sin el suficiente acompañamiento profesional: sin contar con ayudantes, sin contar con instrumentistas, sin contar con anestesiólogo, en un departamento que no tenía las condiciones de higiene, que no había sido alquilado a tales fines y que no se encontraba habilitado por las agencias estatales”, explicó en el juicio oral la fiscalía.
Otras de las cuestiones que se remarcó en el debate es que, en aquel momento, el cirujano “se encontraba inhabilitado para ejercer su profesión por la justicia de Concordia desde enero de 2021, en el marco de la causa por la que fue condenado este año y donde se le había dictado una cautelar que le impedía llevar adelante cualquier intervención quirúrgica en todo el país”.
Fue en marzo de 2024 cuando Ojeda recibió una condena a 8 años de prisión por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia en la Provincia de Entre Ríos, debido a su responsabilidad en la muerte y las lesiones de un grupo de pacientes.
Por todo lo expuesto, la fiscal Jazmín Auat solicitó una pena de 8 años de prisión por los delitos de homicidio simple con dolo eventual y desobediencia a una orden judicial. Con la condena fijada en Entre Ríos, consideró que debía unificarse la pena en 11 años de prisión, tal como resolvió este martes el TOCC N°1.
