Luego de tres días de intensos debates y cruces, la Cámara de Diputados aprobó en general la ley de Bases por 144 votos positivos a 109 negativos y pasará a un cuarto intermedio hasta el próximo martes a las 14 horas para la votación en particular. Sin embargo, no se trata de un triunfo completo para el Gobierno porque las negociaciones en artículos clave continúan.
La nueva llave para conseguir los resultados que se asemejarían a una victoria para La Libertad Avanza, luego del retaceo profundo que sufrió el proyecto inicial (quedaron solo 363 artículos de 644), pasa por el Impuesto País y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Si bien aún quedan otros escollos en el camino, serán los ejes principales de debate en las próximas horas.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, mantenía una postura intransigente respecto a la coparticipación del Impuesto País. De ceder en este punto, la Nación perdería una gran fuente de ingresos. La novela inició el lunes en el CFI. Allí, el ministro de Interior, Guillermo Francos, habría dado indicios de que la Casa Rosada estaba dispuesta a ceder parte de la recaudación.
Sin embargo, esto fue desmentido de manera oficial por Balcarce 50. Francos regresó este viernes al Congreso de la Nación tras un pedido explícito de diputados dialoguistas para que sea el puente político con la Rosada. Las negociaciones se dieron en el despacho del presidente la Cámara de Diputados, Martín Menem. Todo mientras la sesión continuaba en el recinto.
El pedido de los cordobeses hace hincapié en que el Ejecutivo se comprometa a regularizar el flujo de dinero a aquellas cajas previsionales armonizadas, es decir, las que cumplen con los estándares que les solicita la Nación. Si bien son 13 las cajas, Córdoba y Santa Fe pertenecen al selecto grupo que cumple con estos estándares.
Según pudo saber Noticias Argentinas, si el Ejecutivo no concede este pedido, los legisladores cordobeses juntarían los votos necesarios para darle luz verde a la coparticipación del Impuesto País, tras la redacción de un nuevo artículo. Tendrían el apoyo también del ala santafesina dialoguista con terminales en el gobernador Maximiliano Pullaro.
El Impuesto País es una alícuota que se cobra a todas las operaciones de venta de dólares oficiales que se hacen en el mercado local. Al principio era solo para la compra de billetes para atesoramiento y para el pago de servicios al exterior.
A su vez, cuando una empresa solicita al Banco Central de la República Argentina también abona ese tributo que, según informó la Administración Federal de Ingresos Públicos, en enero recaudó en enero $469.199 millones.
Explicaron a esta agencia que “esto desordenó al resto de los dialoguistas” y empantanó la discusión en otros ítems. De hecho, hubo dos intentos de reuniones, una anoche y otra esta mañana, para realizar un punteo artículo por artículo y ambas fracasaron por no estar resuelto y claro este capítulo.
Fuentes consultadas por NA sostuvieron que la pelota ahora está del lado del Gobierno. En medio de estos idas y vueltas, la cuenta oficial del presidente Javier Milei lanzó una dura advertencia contra los legisladores y aseguró que “la historia los juzgará” en base a lo que voten en la ley ómnibus en la Cámara baja.
Fue la Oficina del Presidente que pidió que se acelere la votación del mega proyecto y sostuvo que es “un momento bisagra” para el país. En los pasillos del Palacio Legislativo le restaron importancia. Inclusive, tomaron con pinzas la visita de Francos. Si bien resaltaron su predisposición y sigue siendo el vehículo con el presidente Javier Milei y su círculo íntimo, las dudas sobre su poder comienzan a acrecentarse.
Privatizaciones, en la cuerda floja, y con dos propuestas
Cuando el capítulo de privatizaciones parecía estar saldado y restaban definir detalles, volverá a reabrirse. Explicaron a Noticias Argentinas que lo que traba este eje es el procedimiento para ejecutar las privatizaciones.
Los radicales proponen que sea la Auditoría General la Nación la encargada de cotizarlas, ya que el Ejecutivo pretende someter la tarea a la jefatura de Gabinete y la SIGEN. Por otro lado, otra propuesta del sector dialoguista pasa porque cada compañía que el Gobierno desee iniciar su proceso de privatización pase por la bicameral.