El Juzgado de Control n.° 1 de la ciudad de Córdoba hizo lugar a un habeas corpus presentado a favor de un hombre con esquizofrenia y problemas de consumo de sustancias, quien había sido detenido en más de cien ocasiones. El habeas corpus es un principio legal que garantiza la libertad individual contra detenciones o arrestos arbitrarios o ilegales. Su propósito principal es proteger el derecho de una persona a no ser detenida o encarcelada sin un debido proceso legal.
La sentencia destaca la importancia de evitar el ingreso indiscriminado de personas con enfermedades mentales al sistema penal, especialmente en casos de poca gravedad, y sugiere priorizar la evaluación médica inmediata en situaciones de detención en flagrancia.
La defensora pública, Alfonsina Muñiz, había argumentado que el hombre en cuestión sufría de una enfermedad mental crónica, combinada con un consumo problemático de sustancias psicoactivas y un estilo de vida marginal. Se enfatizó que había sido privado de libertad en numerosas ocasiones y enviado a un centro penitenciario inadecuado para abordar su enfermedad mental.
La resolución del juez confirma que el individuo fue detenido más de cien veces, a pesar de informes periciales que indican su falta de conciencia y comprensión de sus actos, así como su falta de conciencia de su enfermedad.
Ante esta situación, el juez Gustavo Hidalgo ordenó al Ministerio Público Fiscal que emita una instrucción general a diversas entidades, incluyendo la Policía Judicial y la Fuerza Policial Antinarcotráfico, para que se abstengan de someter al individuo a medidas de encarcelamiento en sedes de comisarías o unidades penitenciarias. Se sugiere la aplicación de pautas específicas, como las “Guía de Recomendaciones Prácticas para la intervención de las Fuerzas Policiales ante situaciones de riesgo cierto e inminente en salud mental.”
Además, se dispone la realización de una valoración médica en caso de detención, con el objetivo de determinar su alojamiento en un nosocomio acorde al diagnóstico médico presuntivo de enfermedad mental crónica. El juez también insta al Ministerio de Salud a proporcionar un tratamiento adecuado al paciente y exhorta a implementar dispositivos hospitalarios en el ámbito carcelario para garantizar el acceso a la salud mental de la población privada de libertad.