El Parlamento de Francia aprobó una ley que otorga un estatus profesional a los “influencers” de internet, al mismo tiempo que establece ciertos límites en su actividad. La nueva norma prohíbe a los “influencers” difundir mensajes sobre cirugía estética o criptomonedas, entre otros.
La ley fue aprobada de manera unánime por el Senado, tras recibir respaldo final de la Asamblea Nacional. Con esta legislación, se regulará la actividad de los “influencers” y se impedirá la promoción comercial de productos y prácticas consideradas peligrosas o fraudulentas.
La propuesta de ley, presentada por los diputados Arthur Delaporte del Partido Socialista y Stéphane Vojetta del bloque macronista Renaissance, define legalmente la profesión de “influencer” y establece restricciones en la promoción de prácticas y productos no respaldados científicamente. Esto incluye la cirugía estética, las prácticas médicas no contrastadas científicamente, las suscripciones a apuestas deportivas y los productos con nicotina. Además, se restringirá la promoción de productos financieros y criptomonedas.
Cabe destacar que, por el momento, el alcohol no está incluido en las prohibiciones establecidas por la ley. Aquellos “influencers” que no cumplan con las regulaciones podrán enfrentar condenas de hasta seis meses de prisión y multas de hasta 300.000 euros, según lo estipulado en el texto de la ley.
La nueva norma también aborda otros aspectos de la actividad de los “influencers”, como la necesidad de tener contratos a partir de ciertas cantidades de dinero por sus servicios, y la obligación de contar con un representante legal dentro de la Unión Europea para aquellos que operen desde fuera del territorio.
Esta ley busca poner fin a los excesos que se han observado en los últimos años, donde los “influencers” promovían productos financieros complejos e incluso remedios sin respaldo científico para tratar enfermedades graves como el cáncer.
Con esta regulación, Francia busca establecer un marco legal claro para la actividad de los “influencers” y proteger a los consumidores de prácticas engañosas o peligrosas que puedan surgir en el ámbito digital.