El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, ha firmado una de las leyes más duras del mundo dirigida al colectivo LGBTQ, incluyendo la pena de muerte por “homosexualidad agravada”. Esta medida ha generado una fuerte condena por parte de la comunidad internacional y ha puesto en riesgo posibles sanciones por parte de los donantes de ayuda extranjera.
Aunque las relaciones entre personas del mismo sexo ya eran ilegales en Uganda, al igual que en otros 30 países africanos, la nueva ley va más allá en su severidad. Esta normativa establece la pena de muerte para los “infractores en serie” de la ley y para aquellos que transmitan enfermedades terminales como el VIH/SIDA a través del sexo gay. Asimismo, se impone una pena de 20 años de prisión por “promover” la homosexualidad.
“El presidente de Uganda ha legalizado hoy la homofobia y la transfobia auspiciadas por el Estado”, afirmó Clare Byarugaba, activista ugandesa de derechos humanos.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó esta medida como una “trágica violación” de los derechos humanos y declaró que evaluaría las implicaciones de la ley “en todos los aspectos del compromiso de Estados Unidos con Uganda”. Además, añadió: “Estamos considerando medidas adicionales, incluyendo la aplicación de sanciones y restricciones de entrada a Estados Unidos para cualquier persona involucrada en graves abusos de derechos humanos o corrupción”.
Una fotografía del presidente Museveni, sentado en su escritorio, muestra el momento en que firma la ley con un bolígrafo dorado. Museveni, de 78 años, ha calificado la homosexualidad como una “desviación de la normalidad” y ha instado a los legisladores a resistir la presión “imperialista”.
Tras la firma de la ley, la organización local Human Rights Awareness and Promotion Forum, junto con otras diez personas, presentaron una demanda ante el Tribunal Constitucional, según afirmó uno de los demandantes, Busingye Kabumba, a Reuters.
Cabe destacar que Museveni había devuelto el proyecto de ley original, aprobado en marzo, solicitando al Parlamento que suavizara algunas de sus disposiciones. Sin embargo, la aprobación final de la ley no fue puesta en duda en un país conservador donde las actitudes contrarias al colectivo LGBTQ+ se han endurecido en los últimos años, en parte debido a la influencia de grupos eclesiásticos evangélicos occidentales.
Uganda recibe miles de millones de dólares en ayuda exterior cada año, y ahora se enfrenta al riesgo de medidas adversas por parte de donantes e inversores, tal como ocurrió con un proyecto de ley similar hace nueve años.