El Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba aprobó una ordenanza que establece que todos los funcionarios municipales electos deberán someterse a un narcotest cada seis meses. Los resultados de las pruebas no serán públicos. La iniciativa, impulsada por el concejal del oficialismo Diego Casado, ha contado con el apoyo del intendente y candidato a gobernador Martín Llaryora, así como de la mayoría de la oposición.
A nivel nacional, si bien se han presentado propuestas en el Congreso en el mismo sentido, nunca se han materializado más allá de las polémicas del momento. Desde el pedido de Ramón Saadi para que todos los funcionarios de Carlos Menem se realizaran una rinoscopía, tras la retirada del expresidente del caso María Soledad Morales, hasta la denuncia de “nariguetazos” en el Congreso realizada por el exsecretario de Lucha contra el Narcotráfico durante el gobierno de Menem, Alberto Lestelle.
El narcotest será llevado a cabo tanto para los funcionarios municipales electos como para los secretarios, directores, subdirectores y asesores, quienes deberán presentar un certificado negativo de consumo de sustancias psicotrópicas. Cabe destacar que en la provincia de Córdoba no existe una instancia similar.
Esta obligación surge a partir de una modificación del Código de Ética Municipal, cuya iniciativa fue presentada en 2020 y resurgió este año. Además, se modificó el artículo 50 Bis del Código Electoral Municipal.
El Código de Ética Municipal ahora establece lo siguiente: “Las personas que desempeñen funciones por elección popular, intendente, viceintendente, concejales y tribunos, los secretarios y subsecretarios, directores y subdirectores, asesores o las personas que por disposición legal o reglamentaria ejerzan funciones de jerarquía equivalente a la de los cargos mencionados están obligados a presentar ante la autoridad competente un certificado negativo expedido por una institución médica que acredite la realización de exámenes complementarios de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales”.
“Quienes tenemos responsabilidades de gestión debemos someternos a pruebas de narcóticos, ya que si tenemos que liderar la Policía o un gobierno, no puede ser que esa persona esté vinculada al narcotráfico, que es el peor de los crímenes. Si un funcionario tiene vínculos con el narcotráfico, tomará decisiones diferentes a las que podría tomar aquellos que no consumen”, afirmó Llaryora.
La ordenanza fue aprobada con el respaldo de la bancada oficialista, Córdoba Cambia, Vamos Córdoba, Encuentro Vecinal, Evolución Radical y la UCR (con la abstención de Daniel Sacchi del partido mestrista). Gabriela Paulí (Fuerza de la Gente) se abstuvo, mientras que Laura Cubas, de la izquierda, la rechazó.
