Luego de un juicio oral y público, miembros de una peligrosa organización delictiva que estafaba a numerosos adultos mayores desde la cárcel de Cruz del Eje, mediante llamadas telefónicas falsas sobre premios virtuales, fueron sentenciados a prisión.
El líder y principal integrante de esta asociación ilícita, Diego Germán Inga, recibió una pena de siete años de reclusión. Cabe destacar que Inga ya se encontraba cumpliendo una condena en el establecimiento carcelario de la ciudad del noroeste provincial, por lo que se lo declaró reincidente.
La Cámara 4ª del Crimen de Córdoba fue la encargada de imponer las condenas a él y a otros tres miembros de la asociación ilícita. El juicio, que contó con la acusación del fiscal Gustavo Arocena, finalizó la semana pasada.
El fiscal solicitó las penas que fueron ratificadas por el tribunal. Además de Inga, aquellos que se encontraban fuera del presidio y recibían el dinero que los estafadores obtenían de los adultos mayores también fueron condenados.
Tres de los implicados fueron declarados culpables: Daniela Alejandra López, Jorge Eduardo Mena y Adela del Valle Stamburgo, todos ellos también responsables por los cargos de estafa.
El fiscal Arocena detalló que las estafas eran perpetradas desde la cárcel de Cruz del Eje. Los estafadores se comunicaban con personas de la tercera edad y, haciéndose pasar por representantes de una entidad oficial nacional, obtenían información confidencial sobre las víctimas y sus cuentas bancarias.
Una vez en posesión de estos datos cruciales para acceder a las cuentas bancarias, procedían a vaciarlas por completo y transferir el dinero a cuentas controladas por los cómplices que se encontraban en libertad.
Además, solicitaban créditos bancarios a nombre de los titulares de las cuentas y transferían los fondos obtenidos a las mismas cuentas controladas por sus cómplices.
El fiscal resaltó que uno de los logros más significativos de este juicio fue el acuerdo entre los defensores y los representantes de las víctimas, que en varios casos permitió la restitución de los fondos a los perjudicados.